EL RUBRO 59 Y LA TRATA DE PERSONAS

Ricardo Gil Lavedra

EL RUBRO 59 Y LA TRATA DE PERSONAS

El presidente del Bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que “el decreto de la presidenta que prohíbe los avisos que promuevan la oferta o el comercio sexual constituye una nueva afrenta al Congreso de la Nación por parte del Poder Ejecutivo y una nueva maniobra destinada a intentar apropiarse apresuradamente de eventuales  beneficios políticos en tiempos electorales”.

Señaló, además, que “nuestra Constitución exige que este tipo de restricciones sean adoptadas por ley, y existen distintas iniciativas en el Congreso para regular y supervisar este tipo de anuncios. Desde el año pasado, la Cámara de Diputados se encuentra en condiciones de discutir en el recinto una reforma integral  a la ley de trata de personas, que pretende subsanar muchas de las graves inconsistencias que contiene la regulación vigente. Desde el Bloque de la UCR  hemos solicitado en distintas oportunidades su tratamiento, a lo que se ha negado sistemáticamente el bloque oficialista, pues se prefiere gobernar  al margen de la Constitución¿Qué necesidad hay de dictar un decreto inconstitucional, cuando las condiciones para dar el debate en el Congreso son propicias?”

Gil Lavedra agregó que, “el gobierno ha advertido la necesidad de disimular su inacción en materia de seguridad y lucha contra la delincuencia organizada, a lo largo de 8 años. Pero, desafortunadamente, lo está haciendo de la peor manera: recurriendo a medidas efectistas e invadiendo facultades propias del Poder Legislativo. 

Mientras tanto, los informes del Departamento de Estado de los Estados Unidos yla Relatoría de la ONU sobre trata de personas continúan denunciando la complicidad oficial y policial con la trata, la deficiente  atención que se brinda a las víctimas y el bajísimo nivel de condenas”. 

Por último, Gil Lavedra enfatizó:

               “La explotación de la prostitución ajena, y no sólo la trata, se encuentra prohibida en nuestro país por normas nacionales e internacionales, por lo que impedir la continuidad de esta situación, es necesario. Pero lo debe hacer el Congreso no el Presidente. La sola lectura del decreto revela todos los defectos propios de las normas dictadas sin un proceso de deliberación previo y en forma apresurada e inconsulta. Entre otras cosas, parece  centrado en los medios gráficos, en detrimento de la oferta sexual que existe en internet, y no toma en cuenta que existen avisos con ofertas laborales engañosas que son utilizados para captar potenciales víctimas de trata , que no deberían ser prohibidos, pero sí vigilados de cerca”.